Aplicación del código orgánico general de procesos en los casos de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes según la constitución del Ecuador

Application of the general organic code of processes in the cases of protection of the rights of girls, children and adolescents according to the constitution of Ecuador

 

Abg. Angel Peñafiel Espinosa, Mgs

Abg.Rafael Zeballos Zambrano

Dr. Mgs. Christian Galeas Criollo

Enviado junio - 4 - 2018 Aceptado agosto – 25 – 2018 Publicado octubre 5 - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN

El artículo aborda la aplicación del Código Orgánico General de Procesos en los casos de defensa de derechos de la niñez y la adolescencia en la República del Ecuador. Cómo refiere el propio código en su artículo n° 1(ámbito) el rango de aplicación es amplio –pues sólo exceptúa las materias constitucional, penal y electoral- y esto hace pertinente el estudio en cada una de las áreas de aplicación. El tema escogido es la sentencia sobre pensión alimenticia y los autos o decisiones procesales del caso juicio de alimentos N. o 1275-05-ML. El método empleado es la resolución de problemas jurídicos. Los criterios para evaluar su aplicación son los principios procesales: uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. Los resultados evidencian la aplicación correcta de los artículos que garantizan dichos principios, por lo que se concluye fue correcta la decisión final tomada por el tribunal.

Palabras clave: normas procesales, Código Orgánico General de Procesos, Constitución del Ecuador, niñez, adolescencia.

Abstract
The article addresses the application of the General Organic Code of Processes in cases of defense of the rights of children and adolescents in the Republic of Ecuador. How the code itself refers in its article n ° 1 (scope) the range of application is wide -for it only excepts the constitutional, criminal and electoral matters- and this makes the study relevant in each of the application areas. The chosen topic is the judgment on alimony and the writs or procedural decisions of the food trial case No. 1275-05-ML. The method used is the resolution of legal problems. The criteria to evaluate its application are the procedural principles: uniformity, efficiency, immediacy, speed and procedural economy. The results show the correct application of the articles that guarantee said principles, for which it is concluded that the final decision taken by the court was correct.

Keywords: procedural norms, General Organic Code of Processes, Constitution of Ecuador, childhood, adolescence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Introducción

Los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo de la población que viene siendo tutelado y protegido por las constituciones de todo el mundo, tomando como base los acuerdos internacionales válidamente contraídos por los Estados.

Sin embargo, en la realidad cotidiana puede constatarse como se sigue violando los derechos de los niños, niñas y adolescentes en América Latina: el abandono de los padres, con todo el drama social y económico que esto implica; la explotación económica y la violencia familiar, entre otros aspectos que son lesivos para el desarrollo de las nuevas generaciones.

Las razones para que sigan existiendo estas funestas realidades son diversas; no obstante existe una que reviste, para quien suscribe, un peso fundamental: el hecho de que los derechos reconocidos a la niñez y la adolescencia por la mayoría de las constituciones no está acompañado por mecanismos suficientemente rigurosos que castiguen su incumplimiento.

En efecto, el espíritu de la ley debe ser sancionatorio como lo plantean los normativistas y la teoría de Kelsen. Sólo así, con base en la obligatoriedad y la certeza de punición en caso de incumplimiento, se  pueden garantizar los derechos. Detrás de cada derecho existe un individuo, colectivo u organismo que tienen un deber de hacer, para que el derecho se materialice en la práctica.

No menos importante son los procesos. Para que cada derecho se concrete es necesario que los organismos judiciales cumplan una serie de pasos y así puedan armonizarse los derechos y garantías de las partes involucradas.

En el presente artículo mostraremos como se aplican las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos, a las disposiciones constitucionales de la República de El Ecuador.

La  hipótesis que defiende el presente artículo es que la correcta aplicación del Código Orgánico General de Procesos coadyuva a garantizar los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y hacen efectivas las garantías del debido proceso.

En el primer aparte se planteará el caso de estudio que consiste en una demanda por incumplimiento de pensión de alimentación. El padre apela igualmente haciendo uso de del Código Orgánico General de Procesos y aduce violación de su derecho constitucional a la seguridad jurídica (Artículo 82 de la Constitución). La acción ejercida es bajo la fórmula de acción especial de protección.

En el segundo aparte se expondrán las disposiciones constitucionales que son pertinentes al caso y que favorecen en general a  la niñez y la adolescencia en El Ecuador. También se exponen las garantías constitucionales aplicables (Título III) y  la supremacía de la Constitución (Título IX).

En el tercer aparte se muestra un análisis de los resultados en cuanto a la aplicación de los artículos y principios del Código Orgánico General de Procesos. Este análisis puntual será presentado en cuadros sinópticos que a su vez serán insumo para las conclusiones finales.

2.   Desarrollo

2.1.EL PROBLEMA JURÍDICO: CASO DEMANDA POR PENSIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PRINCIPIOS PROCESALES APLICADOS (Caso Herrera)

La pertinencia del caso que a continuación se presenta radica en la posibilidad de aplicar los principios del Código Orgánico General de Procesos[1] en un caso de demanda por alimentación, lo cual implica la protección de derechos de la niñez. Los principios procesales evaluados son: celeridad y economía procesal, gratuidad, inmediación, simplificación, uniformidad y garantías procesales.

2.1.1        Caso originario

El 1 de junio de 2005, Jenny Merely García, presentó una demanda[2] de alimentos en contra del padre de sus hijos de dos y seis años de edad,[3] señor Víctor Julio Herrera Pulles. El juez de la causa, en su condición de director del proceso[4], tomó medidas para evitar la dilación, buscando cumplir con el principio de celeridad procesal convocó a un proceso oral por audiencias.

El primer juez que conoció la causa calificó la demanda de alimentos y decidió la citación. Se convocó a la audiencia[5] en la que se fijó como pensión provisional de alimentos la cantidad de cien dólares. Posteriormente se convocó a la segunda audiencia, a la cual no compareció el demandado. Es entonces cuando se dicta una primera orden de apremio, dado que el señor Herrera no canceló las cuotas acordadas. Apenas canceló el monto adeudado se procedió a su liberación.

Entonces, el señor Herrera  propuso un acuerdo de rebaja de pensión, lo cual fue negado por improcedente. El demandado presentó una primera recusación al juez tercero de la niñez y adolescencia, en virtud de la cual la causa recayó en conocimiento del juez segundo de la niñez y adolescencia. Esta judicatura, por falta de pago, ordenó la medida de apremio personal del demandado y el 26 de junio de 2009, se desechó la demanda de recusación y se devolvió la competencia al juez de origen.

2.1.2      Auto emitido en Pichincha, el 30 de noviembre de 2010

La contienda judicial continúa con un auto emitido por el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha el de 30 de noviembre de 2010, el cual señala:

En lo principal, por cuanto el demandado no ha dado fiel cumplimiento a lo estipulado en el acta de comparecencia de 08 de octubre del 2010, se aprueba el informe pericial suscrito por Cielo Narváez. En consecuencia el demandado, HERRERA PULLES VÍCTOR JULIO cancele la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 04/100 DOLARES.- En caso de incumplimiento de pago de las pensiones en mora, en tres días, se ordenará el apremio personal de Víctor Julio Herrera Pulles para lo cual se girará la correspondiente boleta de apremio, por treinta días, de conformidad con lo que dispone el Art. innumerado 22 del Código de la Niñez y Adolescencia a fin que sea detenido y trasladado al Centro de Detención Provisional lugar en donde permanecerá hasta cuando esta autoridad disponga lo contrario. NOTIFÍQUESE.

 

Este es el auto del Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, del 8 de diciembre de 2010 En lo principal, de conformidad con el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, se niega el recurso de apelación interpuesto por el demandado.

2.2     Derechos presuntamente vulnerados al demandado

El ciudadano demandado con la sentencia anterior, Víctor Julio Herrera Pulles, presentó en su defensa una acción extraordinaria de protección en contra de los autos del 30 de noviembre y 8 de diciembre de 2010, dentro del juicio de alimentos N. o 1275-05-ML,  emitidos por el juez tercero de la niñez y adolescencia de Quito. Dentro del 1, primer auto indica que de no pagarse las pensiones fijadas, se dictaría apremio personal en su contra. Por otra parte, el segundo auto se refiere a la negativa del juez de aceptar la apelación presentada por el accionante y la prevención de aplicar lo previsto por el artículo 293 del Código de Procedimiento Civil, en el caso de persistir en el entorpecimiento del curso normal del juicio.

Manifiesta el accionante que conforme a lo determinado en el numeral 11 del artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial,[6] presentó una oferta de pago por concepto de pensiones atrasadas de alimentos de sus hijos, situación que no fue aceptada por el juez en auto del 30 de noviembre de 2010 y ratificada mediante auto del 08 de diciembre de ese mismo año, pese a que el juez se encontraba obligado a hacerlo, mas no facultado a considerarla y aceptarla.

Expone que durante el proceso sucedieron incidentes como el extravío de pruebas y documentación que acreditaba los distintos gastos que el legitimado activo realizaba en favor de sus hijos y desacreditaba los alegatos presentados por la madre de los menores. Indica que, por ejemplo, el proceso fue extraviado "intencionalmente" en varias ocasiones, al igual que se produjeron incidentes en cuanto al traslado de expedientes al momento que solicitó la recusación del juez tercero de la niñez y adolescencia de Quito.

En ese sentido, concluye que se ha vulnerado su derecho constitucional a la seguridad jurídica en virtud de la errónea aplicación de la norma por parte del juez, lo que ha generado al mismo tiempo vulneración a su derecho a la legítima defensa.

2.3      Pretensión del demandado

Con estos antecedentes, el accionante solicita textualmente lo siguiente: Se declare la violación de los derechos ya invocados, como la apelación de la providencia de 30 de noviembre de 2010; la nulidad de la orden de apremio emitida en mi contra; la obligatoriedad del señor Juez Tercero de la Niñez y Adolescencia de Quito, de no solamente conocer, sino aceptar conforme la ley, la oferta de pago formulada por el que comparece ( ... ) se suspenda la orden de prisión emitida en mi contra.

2.4      Determinación de los problemas jurídicos

La Corte Constitucional, en el presente caso, deberá determinar si las decisiones impugnadas han vulnerado derechos constitucionales, ante lo cual, estima necesaria sistematizar su argumentación a partir de los siguientes problemas jurídicos:

En virtud de los autos emitidos por el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha el 30 de noviembre y 8 de diciembre de 2010, impugnados a través de la presente acción extraordinaria de protección:

1. ¿Se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República?

2. ¿Se vulneró el derecho al debido proceso en las garantías previstas por los numerales 4 y 7, literal k del artículo 7 6 de la Constitución de la República del Ecuador?

3. De haber vulneración de la seguridad jurídica o del debido proceso ¿Cómo decidir entre estos derechos contrapuestos cuando los dos son de rango constitucional?

2.5     Contestación a la demanda

Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente:

Sentencia

l. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

2.2 ASPECTOS CONSTITUCIONALES A CONSIDERAR

2.6     La tutela jurídica de las niñas, niños y adolescentes.

La tutela Jurídica de la niñez y la adolescencia es un grupo de disposiciones que otorgan cuidado preferencial a este segmento social, entendiéndolos como sujetos que no podrían hacer valer sus derechos por sí mismos. La tutela jurídica de los derechos de las niñas, niños y adolescentes está contemplada en un régimen jurídico que encabeza la Constitución nacional, los acuerdos internacionales suscritos por la república de El Ecuador, el Código Civil y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Es entonces, el marco constitucional el punto de partida para finalizar analizando cómo se materializan estos derechos en el ámbito procesal como dispone el Código Orgánico General de Procesos.

2.6.1  Los derechos constitucionales de niñas, niños y adolescentes.

Como se planteaba en la introducción, las constituciones del mundo ubican entre sus principales asuntos de cuidado preferencial a los niños, niñas y adolescentes. En efecto, este cuidado es producto del reconocimiento de la importancia de esta etapa en el desarrollo humano.

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas…[7]

 

 

Se entiende que en materia de demanda alimenticia se está hablando de necesidades básicas, que inciden directamente en la posibilidad de su desarrollo en una etapa que es vital para el desarrollo del ser humana pero que a la par se está desprovisto de la capacidad de conseguir su “interés superior” por si mismos. Es por esta razón que la Constitución los tutela y sus derechos prevalecen sobre las demás personas. Es una cuestión de equidad.

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.[8]

Es relevante notar que no sólo es la tutela jurídica fundamentada en un régimen jurídico, sino que los distintos factores sociales o fuerza vivas deben aunar esfuerzos para que el ordenamiento jurídico sea efectivo en la tutela de los derechos. Más adelante podrá observarse como la normativa procesal juega un papel importante en este sentido.

Por supuesto, la responsabilidad se acentúa subsidiariamente en las personas que están más cerca de los niños y adolescentes, de los padres quienes tienen nexos muy especiales e insustituibles con sus hijos.[9] Así de importante también son sus responsabilidades; por eso los jueces tienen la potestad de asignarle responsabilidades a los conyugues en el aporte del sustento familiar, aspecto que se desarrollará con mayor amplitud más adelante, cuando se trate la aplicación del COGEP.

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición...[10]

La Constitución de 2008 empieza por garantizar a la niñez el principal derecho que permite la existencia de todos los demás: el derecho a la vida. El artículo 45 es particularmente interesante: empieza por reconocer la dignidad humana desde la concepción y continúa otorgándole reconocimiento como ser familiar, comunitario y finalmente social, con todos los derechos que estas denominaciones implican. 

El Estado asume un rol muy amplio de protección de derechos puesto que debe garantizar desde la atención de los menores de seis años hasta el derecho a la educación que tienen todos los menores de edad. Prevé que es prioritario su rescate en casos de desastre y asume la  protección de los niños y adolescentes cuando uno o ambos padres están privados de libertad. El trabajo de los adolescentes es excepcional y en ningún caso debe afectar su derecho al estudio. La enumeración del catálogo de estos derechos se reseña en el artículo 46.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.

 

 

El numeral uno del artículo 46 es apenas uno del largo catálogo de derechos que la Constitución del Ecuador reconoce a los niños y adolescentes. Por la diversidad y complejidad de los temas jurídicos y sociales que aborda la tutela de la niñez y el adolescente, necesariamente implicara la colisión con otros derechos ¿Cómo resolver la colisión de derechos? La respuesta está en el siguiente aparte.

2.7     La supremacía constitucional en la protección de niñas, niños y adolescentes

Se advertía en el primer aparte que garantizar un catálogo de derechos tan vasto representaba un reto de gran envergadura. También se plantea la cuestión: ¿Qué pasa si una de las partes obligadas a la protección de algún niño o adolescente aduce su propio derecho para negarse a cumplir en todo o en parte con dicha obligación?

La supremacía constitucional y el orden jerárquico

La respuesta a la anterior interrogante está  en el Título IX  de la Constitución de la República del Ecuador intitulado Supremacía de la Constitución. En efecto, en el capítulo primero, sobre los principios se Capítulo primero Principios

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.[11]

 

En el anterior artículo se ratifica el carácter garantista y progresivo de la Constitución de 2008. Este carácter progresivo implica que los derechos de la niñez y la adolescencia sólo pueden ser modificados para mejorarlos y ampliarlos. Los actos y las normas del poder público tienen que estar conformes con las disposiciones constitucionales; de lo contrario carecerán de valor jurídico.

Con respecto a la jerarquía de las normas se establece en el artículo 425 de la Constitución:

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.

2.7         APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS

Naturaleza y justificación del Código Orgánico General de Procesos

 

En la exposición de motivos del Código Orgánico de Procesos –conocido con la abreviatura de COGEP- se establece claramente su justificación:

 

Si aceptamos que el derecho es la expresión de las conductas individuales y sociales, para regularlas y solucionar controversias bajo el imperio de la ley que emana de la autoridad del Estado, coincidiremos en que la concepción constitucional debe asentarse en normas procesales y materiales que viabilicen los mandatos dogmáticos y orgánicos de la Norma Suprema. El instrumento es un código, por tratarse de una ley única, con plan, sistema y método, que regula progresivamente los procesos en diversas materias. [12]

En efecto para que se materialicen los derechos y las constituciones no sean un mero catálogo de deseos incumplidos es necesario que se fije los pasos necesarios ´para que los derechos se cumplan, las garantías tengan efectividad y la constitución muestre su vigor y supremacía en el ámbito social.

3.   Resultados

El cuadro sinóptico muestra los principios del Código Orgánico General de Procesos que se aplican en el juicio sobre pensión alimenticia analizada en el artículo.

 

 

Principios procesales

Artículos aplicados

Forma y evaluación de aplicación del COGEP

Simplificación

 

 

 

Art. 1.-

Este principio se cumple en la medida que se adopta el COGEP para las distintas fases del proceso judicial, lo que implica mayor claridad procesal.

 

Ámbito. Este Código regula la actividad procesal en todas las

 materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso.

 

Uniformidad 

 

 

 

 

Art. 2.-

 

Se aplican los principios previstos en la constitución y los instrumentos internacionales. Como puede observarse con la acción especial de protección y la aplicación de lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial.

 

Principios.

Eficacia

 

 

 

 

 

Art. 3.-

 

Los jueces asumieron en todo momento la dirección del proceso y tomaron las medidas pertinentes y permitidas por la ley para cumplir el objetivo de preservar el interés superior de los menores de dos y seis años.

 

Dirección del proceso. La o el juzgador, conforme con la ley, ejercerá la 

dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales 

y evitará dilaciones innecesarias.

Inmediación

 

 

 

 

 

 

Art. 4.-

 

 

 

 

 

Art. 5.-

En todo momento los juzgadores cumplieron con el principio de inmediación puesto que convocaron a la audiencia de conciliación en la que se fijó como pensión provisional de alimentos la cantidad de cien dólares americanos. Posteriormente se convocó a la audiencia de prueba, a la cual no compareció el demandado.

 

 

Proceso oral por audiencias.

El 01 de junio de 2005, Jenny Merely García, presentó una demanda de alimentos en contra del padre de sus hijos de dos y seis años de edad, señor Víctor Julio Herrera Pulles.

 

Impulso procesal. El artículo 5 del COGEP dispone que:  Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo”.

 

Celeridad Y ECONOMÍA PROCESAL

 

 

 

El juez tomó medidas para evitar  la dilación del proceso, buscando cumplir con el principio de celeridad procesal, convocó a un proceso oral por audiencias, impuso plazos,  medidas correctivas y sancionatorias en función de la liquidación de pensiones alimenticias impagas.

Elaboración propia.

 

4. Conclusiones

La principal conclusión del artículo es que la correcta aplicación del Código Orgánico Procesal permite garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador; en especial los diversos aspectos que involucran el deber de los padres en el sustento de los hijos.

Como se pudo apreciar en los resultados, los principios procesales se cumplieron ampliamente tanto en las sentencias ordinarias como en los fallos posteriores de la Corte Constitucional en respuesta a los alegatos que en su defensa hiciera el demandado, acogiéndose a la acción extraordinaria de protección alegando vulneración de su seguridad jurídica y vulneración del debido proceso.

En lo que respecta al tema de los derechos constitucionales cuando dos normas son contradictorias (coliden) es bien sabido que el juez debe privilegiar en base a la jerarquía de la norma. No obstante, durante el desarrollo del artículo se hacía la siguiente interrogante ¿Qué ocurre cuando  la norma que se contrapone al derecho de los niños y los adolescentes tiene el mismo rango constitucional? ¿Se requiere una interpretación? Dentro de la misma constitución encontramos la respuesta: artículo 44:“se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas…”.

La jueza con relación al auto del 8 de diciembre de 2010, expone que de acuerdo a la norma infraconstitucional, la apelación procede frente a autos resolutorios, es decir, aquellos que ponen fin a una causa y se determina la pensión definitiva. Señala que los autos impugnados son decretos que no vulneran ningún derecho constitucional; por el contrario, protegen el interés superior del niño.[13]

Finalmente, determina que el accionante no ha cancelado pensiones alimenticias a los niños, creando una serie de incidentes que no han permitido fijar la definitiva, con lo que se vulneran los derechos de aquellos.

 

 

 

Referencias bibliográficas

CABANELLAS, G. (1981). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II. Buenos 

Aires: Ed. Heliasa. p. 181.

CODIGO CIVIL DEL ECUADOR (Codificación No. 2005­010).

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20-oct-2008.

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Registro oficial suplemento 544 (9 de Marzo de 2009).

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, (2014) Exposición de motivos.

 



[1] Art. 2.- Principios rectores. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial.

[2] El artículo 5 del COGEP dispone que: “Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo”.

[3] Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos…

 

[4]  Artículo 3 dirección del proceso.

[5] El principio de la inmediación  se cumple a través del artículo 4 que establece el Proceso oral por audiencias. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias 

se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. 

Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar 

tecnología, cuando la comparecencia personal no /sea posible.

 

[6] El artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial hace alusión a la conciliación dentro del proceso.

[7] Esto responde de forma inequívoca al problema jurídico n° 3 del aparte anterior. Y de hecho la vulneración del derecho superior de los niños  y niñas hace que la vulneración a la seguridad jurídica o al debido proceso sean inexistentes, puesto que las medidas adoptadas están apegadas a la normativa de la Constitución, el Código Civil y el COGEP vigentes para el momento reseñado.

[8]CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 220, 268 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Arts. 1 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 1, 8, 9

[9]Código Civil Art. 268.- Corresponde de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos. Concordancias: CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 108, 453, 455.   CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 9, 29, 39, 102

 

[11]Concordancias: CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Arts. 4, 5 CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 1

[12]  Cabanellas, G. (1981). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II. Buenos Aires: Ed. Heliasa. p. 181.

[13] El artículo  46 de la Constitución establece: El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos

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